Las cifras de homicidio en México colocan a Guanajuato como el territorio con mayor concentración de asesinatos intencionales en los últimos diez años, pero el estado no suele aparecer en el discurso dominante cuando, desde Washington o desde la política interna, se habla de “territorios problema”, fentanilo o crimen organizado. Con base en estadísticas de mortalidad del INEGI, entre 2015 y 2024 el país acumuló 322 mil 308 homicidios dolosos, de los cuales 33 mil 124 ocurrieron en Guanajuato, equivalente a 10.2% del total nacional. Ninguna otra entidad reúne una cifra similar. El contraste es todavía más marcado al sumar los registros de otras entidades: Ciudad de México, Morelos y Nuevo León, juntas, no alcanzan el total guanajuatense de la década. En el mismo periodo, Guanajuato pasó de 969 homicidios en 2015 a más de 4 mil anuales en la etapa final; el salto más abrupto se observó entre 2017 y 2020, cuando se alcanzó un máximo de 5 mil 83 asesinatos. Aunque después hay una ligera baja, el nivel se mantiene persistentemente alto. Una explicación recurrente para su ausencia en el foco estadounidense es que no sería un punto central de producción de fentanilo. Sin embargo, en la entidad se han reportado hallazgos de laboratorios clandestinos, ataques con explosivos y un nivel de violencia inusual contra fuerzas de seguridad. Además, en la última década se han registrado más policías asesinados en Guanajuato que en cualquier otro estado del país. El análisis apunta a una lectura económica-estratégica: Guanajuato concentra el clúster automotriz más importante de México, con plantas de ensamblaje, autopartes y logística integradas a cadenas de suministro hacia el país vecino del norte. También se articula con el corredor aeroespacial del Bajío y cuenta con infraestructura carretera clave como nodo logístico nacional. Colocar a Guanajuato “en la mira” significaría reconocer que uno de los pilares industriales opera en un contexto de violencia extrema y descomposición institucional, con posibles impactos para inversión y comercio. Más allá del fentanilo, lo que se observa es una disputa intensa por el control territorial y por la captura de múltiples rentas ilícitas: extorsión, robo de combustible, control de corredores, mercados locales y presión social, con homicidios y ataques como mensajes hacia rivales, autoridades y población. Desde esta óptica, el silencio no sería neutral: reflejaría una jerarquía político-económica sobre qué violencias se vuelven visibles y cuáles se normalizan cuando conviven con intereses productivos de gran escala. Guanajuato, así, encarna la paradoja de ser a la vez uno de los estados más violentos y uno de los más integrados a la economía norteamericana.